La reciente reforma a la ley de nacionalidad en Italia ha generado preocupación entre la comunidad italiana en Venezuela, afectando a más de tres millones de ciudadanos. La medida, aprobada por el Consejo de Ministros, limita el acceso a la ciudadanía por descendencia y ha sido calificada como «inconsulta e inconstitucional» por representantes de los italianos en el exterior.
Según Antonio Iachini, representante del Consejo General de los Italianos en el Exterior-Venezuela, la nueva normativa impone restricciones que dificultan el reconocimiento de la nacionalidad italiana a descendientes de ciudadanos nacidos fuera del país. La reforma responde a un intento del gobierno italiano de frenar el aumento de solicitudes de ciudadanía, que ha crecido un 40% en la última década, especialmente en América Latina.
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Impacto en la comunidad italiana en Venezuela
Italia ha sido históricamente uno de los países con mayor emigración, y Venezuela alberga una de las comunidades italianas más grandes de la región. Hasta ahora, los descendientes de italianos podían solicitar la nacionalidad bajo el principio de «ius sanguinis», que permite heredar la ciudadanía sin límite generacional. Sin embargo, la nueva ley establece que solo los hijos y nietos de italianos podrán acceder automáticamente a la nacionalidad, mientras que los bisnietos y generaciones posteriores deberán cumplir requisitos adicionales.
Además, los ciudadanos italianos nacidos en el extranjero deberán demostrar un vínculo real con Italia cada 25 años, mediante acciones como votar en elecciones, renovar documentos o residir temporalmente en el país.
Reacciones y posibles acciones legales
Iachini instó a los italianos residentes en Venezuela a mantener la calma, asegurando que el tema será abordado en la plenaria del Consejo General de los Italianos en el Exterior la próxima semana. También adelantó que el 17 de junio se reunirán con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, para discutir la situación y buscar soluciones.
El representante denunció que la medida violó procedimientos administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores y varios artículos de la Constitución italiana, lo que ha llevado a abogados y organizaciones a trabajar en su posible impugnación.
Mientras tanto, la comunidad italiana en Venezuela espera que las gestiones ante el gobierno italiano permitan una revisión de la normativa y que se garantice el respeto a los derechos de los ciudadanos afectados.
Con información de Unión Radio.
